En una jugada digna de un thriller político, el Gobierno se lanza de lleno a una semana explosiva en el Congreso con un objetivo claro: conseguir los votos que le permitan avanzar con la reforma laboral y destrabar el resto de su agenda de alto voltaje. Puertas adentro, en la Casa Rosada hablan de números finos, llamados frenéticos y acuerdos al borde del abismo, mientras el reloj corre y marzo aparece como la fecha límite para mostrar resultados concretos.
La mesa política se mueve como un cuartel general en estado de alerta. Reuniones secretas, negociaciones contrarreloj y presiones cruzadas marcan el pulso de una estrategia que busca doblegar resistencias de gobernadores, sindicalistas y sectores empresariales. La reforma laboral es la prioridad absoluta, pero viene acompañada de otros proyectos sensibles que prometen incendiar el debate público: cambios en Ganancias, la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur–Unión Europea y hasta una polémica reforma penal juvenil.
Aunque desde el oficialismo juran que los votos están “casi asegurados”, en los pasillos del poder nadie descarta sorpresas de último momento. El capítulo impositivo aparece como el talón de Aquiles del plan y amenaza con hacer descarrilar la ofensiva legislativa. Aun así, el Gobierno apuesta fuerte: confía en forzar una victoria política que le dé aire, poder y momentum. Si falla, el golpe podría sentirse mucho más allá del recinto.