El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, enfrenta una situación judicial crítica luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ratificara su procesamiento junto al de otros 14 acusados. La investigación, que apunta al desvío de fondos de planes sociales para financiar actividades políticas, lo deja a un paso del juicio oral. Según el fallo, los beneficiarios eran obligados a aportar parte de sus subsidios y a participar en movilizaciones bajo amenaza de perder la ayuda estatal.
El caso se inició en diciembre de 2023, cuando comenzaron las primeras denuncias anónimas a través de una línea habilitada por el Ministerio de Seguridad. La justicia recopiló pruebas y testimonios que describen cómo las personas en situación de vulnerabilidad eran presionadas para cumplir con requisitos ajenos a los programas sociales, como marchas y actos partidarios. La Cámara Federal destacó que estas exigencias constituyen extorsión y amenazas coactivas, además de una administración fraudulenta de los recursos públicos.
Para la fiscalía, la red liderada por Belliboni no solo desvió fondos sino que también utilizó su posición dominante para explotar la necesidad de los beneficiarios. Entre las pruebas figura el uso de chats internos donde se detallaban instrucciones para controlar la participación en actividades políticas. Este proceso marca un hito en la lucha contra el uso indebido de fondos sociales y subraya la necesidad de reforzar los controles sobre las organizaciones que gestionan estos programas