El Ministerio de Seguridad apunta contra Oscar Laborde por interferir en las gestiones oficiales para liberar a Nahuel Gallo, presuntamente detenido por el régimen de Nicolás Maduro.
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Oscar Laborde, exembajador argentino en Venezuela, acusándolo de traición a la Patria. La acusación, que fue elevada a la Justicia Federal, señala que Laborde habría interferido en las gestiones diplomáticas oficiales para garantizar la liberación de Nahuel Gallo, un cabo primero de Gendarmería detenido en circunstancias aún no esclarecidas en Venezuela.
Según la denuncia, Laborde habría accionado en connivencia con el régimen chavista, invalidando los esfuerzos realizados por la Cancillería y el Ministerio de Seguridad para obtener información sobre el desfile de Gallo. Dichas acciones, según las autoridades argentinas, no solo comprometen la posición del país en la defensa de los derechos de un ciudadano, sino que también suponen un acto de deslealtad al Estado.
Antecedentes del caso
Nahuel Gallo viajó a Venezuela a principios de diciembre para visitar a su pareja y a su hijo. El ingreso al país fue debidamente autorizado y comunicado a través del Puente Internacional Simón Bolívar, pero tras cruzar la frontera, Gallo fue detenido por las fuerzas venezolanas. Desde entonces, su paradero ha sido incierto, y las acusaciones de espionaje por parte del régimen no han sido respaldadas con pruebas.
La situación motivó una acción de hábeas corpus presentada por Gendarmería Nacional, que fue inicialmente rechazada por un juez federal en Mendoza, pero luego aceptada por la Cámara Federal bajo el principio de jurisdicción universal.
Intervención cuestionada
En este contexto, Laborde habría iniciado gestiones paralelas no autorizadas, colaborando con altos funcionarios del régimen chavista, según detalla la denuncia. Además, se le acusa de haber intentado legitimar las condiciones de detención de Gallo, lo que contradice los principios diplomáticos y de derechos humanos que guían la política exterior argentina.
El Ministerio de Seguridad asegura que estas acciones constituyen un intento deliberado de socavar los esfuerzos nacionales, calificándolas como una traición a la Patria. La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal, que sanciona actos que atenten contra los intereses soberanos de la Nación.
Repercusiones diplomáticas y políticas
El caso ha generado una amplia repercusión, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por la complejidad del escenario internacional. Mientras la Cancillería sigue utilizando canales diplomáticos alternativos, como la Embajada de Brasil en Caracas, para avanzar en la liberación de Gallo, el proceso judicial contra Laborde plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de situaciones críticas.
En tanto, organismos internacionales y tribunales argentinos han solicitado a las autoridades venezolanas información inmediata sobre el estado y ubicación de Gallo, instando a garantizar el respeto de sus derechos fundamentales.
El caso continúa en desarrollo, con fuertes implicancias tanto en el ámbito político como diplomático, mientras el Gobierno sostiene su compromiso de defender los derechos de Gallo y esclarecer las circunstancias de su detención.