El fallo cayó como una bomba en el Palacio Municipal y la respuesta no tardó en llegar. Ernesto Povilaitis, secretario de Legal y Técnica, salió con los tapones de punta contra la cautelar del Juzgado Contencioso Administrativo que paralizó la ordenanza para subastar el Complejo Casino. Desde el Ejecutivo hablan de un dictamen “forzado”, con errores de base y argumentos que, aseguran, no se sostienen ni legal ni técnicamente.
Según el funcionario, la Justicia mezcló papeles y exigió una Evaluación de Impacto Ambiental donde —afirman— no hay obras, proyectos ni cambios previstos. Para el Municipio, la ordenanza solo implica un cambio de dueño y nada más. “Pretenden un estudio ambiental sobre un edificio tal como está”, deslizan puertas adentro, mientras crece la bronca por lo que consideran una lectura caprichosa de la ley que terminó congelando una operación clave.
Pero el choque no termina ahí. También cuestionaron que el juez haya puesto en escena a la Comisión de Preservación del Patrimonio como si fuera autoridad decisoria, algo que el Ejecutivo niega de plano. En el oficialismo sostienen que la cautelar ignoró normas claras y antecedentes administrativos, y avisan que no se quedarán de brazos cruzados. El conflicto escala, el Casino sigue trabado y la pelea entre Municipio y Justicia promete nuevos capítulos explosivos.