Mientras el director de la Clínica José Ingenieros, Gonzalo Pérez Cortizo, habla de un “conflicto con PAMI” y pinta un cuadro dramático para el futuro del centro de salud mental, hay datos que parecen quedarse debajo de la alfombra. La deuda de 50 días sin cobrar es real, pero no explica del todo por qué la institución —con 25 mil afiliados capitados y décadas de trayectoria— llegó a un punto tan crítico sin un plan de contingencia serio. Tampoco se aclaran del todo los manejos internos, los problemas administrativos y las decisiones financieras que, según fuentes internas, vienen desgastando la estructura mucho antes del corte de pagos.
El intendente Arturo Rojas, siempre presto para la foto en modo “gestor solidario”, se comprometió a “interceder” ante autoridades provinciales y nacionales. Sin embargo, su gestión viene advirtiendo sobre la crisis del sistema sanitario local desde hace meses… sin ofrecer soluciones concretas. El caso de la José Ingenieros es solo la punta del iceberg: un sistema que depende de decisiones externas y que el Municipio observa desde la tribuna mientras la salud mental de la región se queda sin recursos.
El discurso de Pérez Cortizo apunta a culpar exclusivamente a PAMI y a la falta de respuestas desde arriba, pero evita profundizar sobre cómo se administraron los fondos en estos últimos años, por qué no se diversificaron ingresos y qué pasó con los pagos a proveedores y profesionales. Con la clínica al borde del cierre, el riesgo es doble: perder un centro clave en salud mental y que la responsabilidad se diluya entre comunicados, promesas políticas y directivos que no cuentan toda la verdad.