El intendente Arturo Rojas, que durante toda la campaña se jactó de tener las cuentas “claras como el agua” y de ser uno de los pocos jefes comunales con superávit, acaba de recibir un golpe directo a su relato: el Tribunal de Cuentas bonaerense reveló que Necochea cerró 2023 con un déficit financiero de $1.670 millones, excesos presupuestarios por más de $7.000 millones y múltiples incumplimientos legales. Lejos de la imagen de “administración transparente” que intentó vender, el organismo dispuso una amonestación y un cargo económico personal contra Rojas, además de advertir sobre graves fallas administrativas.
El fallo detalla un panorama que contradice de manera contundente el discurso oficial: obras inconclusas, contratos sin sanciones, anticipos no recuperados y un manejo presupuestario que avanzó pese a las advertencias del área contable y del propio Ministerio de Economía. Entre los proyectos paralizados figuran la red pluvial de La Terminal, el pavimento del barrio Luz y Fuerza y la iluminación de corredores seguros. Por estas fallas en obra pública, tanto Rojas como su secretario de Obras Públicas fueron sancionados de manera personal. A eso se suma otro caso: un cargo de más de $560 mil por un juicio perdido por incumplimiento contractual, que el Tribunal exige que Rojas y su secretario Legal paguen con fondos propios.
Mientras otros intendentes lograron pasar la auditoría sin sanciones, y varios más apenas recibieron amonestaciones, la situación de Necochea quedó entre las más comprometidas. Incluso el exintendente Facundo López fue intimado a saldar casi $37 millones por daños derivados de otro fallo judicial. Así, la rendición de cuentas dejó al descubierto algo que los eslóganes de campaña no podían tapar: la gestión de Arturo Rojas, autoproclamada ordenada y superavitaria, terminó marcada por desequilibrios, irregularidades y un desorden financiero que hoy ya no puede maquillarse con discursos ni conferencias.