En Quequén, los residentes están protestando por la privatización de una parte importante de la playa pública, que históricamente fue utilizada por los vecinos. El concesionario del balneario Monte Pasubio, con la colaboración del municipio, ha avanzado en la instalación de estructuras que ocupan casi la totalidad del espacio costero, limitando el acceso del público en general. Esta situación ha generado un fuerte malestar entre los habitantes locales, que sienten que el espacio que solían disfrutar ya no les pertenece.
A través de las redes sociales, un vecino, Franco Vázquez, compartió su preocupación al respecto, describiendo cómo el área de recreación y los lugares de sombra que antes estaban disponibles para todos ahora están siendo reemplazados por instalaciones privadas. Vázquez destacó que lo que antes era un lugar de encuentro comunitario, con canchas de vóley y amplias zonas de descanso, ahora se ve reducido a un espacio mucho más pequeño, prácticamente invadido por las concesiones privadas.
El malestar se intensifica al notar que este tipo de concesiones han sido otorgadas sin una adecuada regulación o transparencia. Los vecinos señalan que los concesionarios, cercando progresivamente más terreno, están afectando tanto la seguridad de los bañistas como la capacidad de los guardavidas para intervenir en casos de emergencia. El propio Vázquez cuestionó cómo el servicio de seguridad podrá funcionar correctamente si las estructuras privadas bloquean el acceso a áreas esenciales para el rescate.
El sistema de concesiones en Necochea ha sido objeto de críticas a lo largo de los años debido a la falta de control sobre el uso de los espacios públicos. En casos anteriores, como el de la Escuela de Deportes Villa Díaz Vélez, se ha observado cómo los concesionarios actúan como si tuvieran propiedad sobre el lugar, cercando áreas y modificando el entorno sin respetar el carácter público del espacio. Los habitantes de Quequén ahora temen que esta privatización de la playa se repita en otras zonas, sin que haya una intervención efectiva por parte del gobierno municipal para frenar el avance de los concesionarios.