La bomba explotó en Necochea y el epicentro tiene nombre y apellido: Arturo Rojas. La subasta del Complejo Casino, impulsada a las apuradas y envuelta en sospechas desde el primer día, fue suspendida por la Justicia, confirmando lo que muchos vecinos venían advirtiendo: el procedimiento estaba mal hecho, lleno de irregularidades y parecía diseñado más como un negocio para amigos que como una solución real para la ciudad.
Durante semanas, el Ejecutivo avanzó sin responder pedidos de información, esquivó explicaciones y aceleró pasos clave como si el tiempo jugara en contra. Y jugaba. Porque cuanto más rápido se movía el expediente, más crecía la desconfianza en la calle. Hoy, el fallo judicial dejó en evidencia que no se cumplieron los requisitos básicos de legalidad y transparencia, desnudando una gestión que confundió urgencia con improvisación.
Mientras el intendente intentó victimizarse en redes sociales, la realidad fue otra: la Justicia le dio la razón a los vecinos de Necochea, esos que desconfiaban del relato oficial y denunciaban que el Casino no se estaba defendiendo, sino entregando. La subasta quedó frenada, el expediente bajo la lupa y una pregunta retumba más fuerte que nunca: ¿fue incapacidad, apuro o un negocio pensado para pocos? El fallo no solo paró la venta, también dejó al descubierto una forma de gobernar que hoy quedó expuesta.