Cuando parecía que el tablero empezaba a inclinarse a favor del municipio, la Provincia movió ficha y llevó el conflicto por Punta Mogotes a otro nivel. Tras agotar el recorrido en la Justicia bonaerense, el gobierno provincial presentó un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema de la Nación la que decida quién tiene la sartén por el mango. La jugada busca frenar el avance de los tribunales marplatenses y estirar la pelea mucho más allá del verano.
El argumento provincial es tan técnico como contundente: sostienen que el caso no es una simple discusión administrativa local, sino un pleito patrimonial de fondo que debería resolverse en el ámbito civil y fuera de Mar del Plata. Hablan de “gravedad institucional”, cuestionan la competencia de los jueces locales y reclaman la intervención del máximo tribunal del país para reordenar el expediente. Traducido: no quieren perder el control del complejo sin dar pelea hasta el final.
Pero más allá de los escritos y sellos judiciales, el efecto es claro y político. Con este recurso, los plazos quedan congelados y la chance de que el municipio avance con la consignación de la deuda —paso clave para recuperar la administración— queda en pausa. La causa entra en un limbo que atravesará toda la temporada alta y recién volverá a moverse después del verano de 2026. Punta Mogotes, mientras tanto, sigue siendo escenario de una pulseada que ya dejó de ser contable para convertirse en una batalla de poder puro y duro.