El intendente Arturo Rojas intentó apagar el incendio que él mismo dejó crecer: tras el escandaloso traspaso de las cápitas de PAMI desde el Hospital Municipal Emilio Ferreyra hacia la clínica privada Cruz Azul, recibió a los gremios de salud para escuchar los reclamos que deberían haber sido atendidos antes de la crisis. El encuentro, más protocolar que resolutivo, dejó en evidencia la falta de reacción del Ejecutivo ante una medida que pone en jaque tanto al sistema público de salud como al bolsillo de los trabajadores.
Mientras el municipio parece más preocupado por el daño político que por el bienestar de los vecinos, los gremios encendieron la alarma: 10 mil abuelos sin cobertura garantizada y personal sanitario a punto de ver reducidos sus ya bajos salarios. Desde el STM y CICOP coincidieron en señalar que la maniobra de PAMI responde a una estrategia que busca debilitar lo público y beneficiar a intereses privados, sin que Rojas haya tomado medidas concretas para impedirlo. Su declaración de que la medida fue “arbitraria y repentina” suena más a excusa que a gestión.
La reunión incluyó a referentes de ATE, pero poco se habló de soluciones reales. Mientras tanto, el hospital público, al que los afiliados seguirán recurriendo por necesidad, enfrenta una pérdida millonaria. La comunidad mira con preocupación cómo el intendente reacciona tarde, sin un plan claro, y con la salud pública pendiendo de un hilo. Una vez más, la improvisación le gana a la gestión.