La Casa Rosada activó el modo pánico y salió corriendo a tribunales en Manhattan para evitar lo que sería un golpe demoledor: entregar el 51% de las acciones de YPF. El Gobierno argentino le rogó a la jueza Loretta Preska que suspenda el fallo que favorece a los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, porque —dicen— podría provocar un “daño irreparable”. Lo cierto es que el país está al borde de perder el timón de su petrolera insignia por una estatización mal hecha y peor defendida.
Con argumentos que van desde lo emocional hasta lo legal, los abogados oficiales aseguran que esta no es una disputa comercial más, sino una cuestión de soberanía nacional. “YPF emplea a más de 23.000 personas, es estratégica y su control está garantizado por ley”, se lee en el desesperado escrito. Claro, lo que no dicen es que hace años que manejan la empresa como si fuera un kiosco propio, y ahora les vienen a pasar factura desde afuera.
Entre el lobby judicial y el pedido de piedad, el Gobierno también advirtió que apelará el fallo y, si hace falta, subirá la apuesta a tribunales superiores. Pero mientras tanto, el reloj avanza y el fantasma de una pérdida histórica para el Estado argentino ya se pasea por las oficinas porteñas. Un nuevo capítulo en la saga del “nacional y popular” que terminó en juicio internacional… y con la billetera temblando.