El Ejecutivo municipal encendió todas las alarmas al anunciar su jugada más audaz: LA VENTA del Casino de Necochea, sin consulta pública, sin espacios verdes garantizados y con una base de casi $5.000 millones, muy por encima de la tasación oficial. Ernesto Povilaitis, secretario Legal y Técnico, defendió la operación como una especie de salvación económica, pero su frase final —“Nadie se va a oponer a que Necochea vuelva a ser grande otra vez”— dejó más interrogantes que certezas. ¿Qué urgencia hay detrás de esta maniobra tan apurada? ¿Por qué tanto apuro en desprenderse del principal activo costero de la ciudad?
En el Concejo Deliberante, el Municipio presentó un proyecto quirúrgico: subasta rápida, condiciones flexibles, pagos escalonados y exenciones impositivas especiales para quien compre. El predio se entregará “tal cual está”, sin exigir obras ni garantizar áreas públicas, y el emblemático auditorio será rematado por separado. A primera vista, suena a un intento desesperado de deshacerse de un edificio costoso y deteriorado. Pero el aumento unilateral del precio base, la falta de participación ciudadana y la insistencia en eliminar cualquier idea de plazas o espacios abiertos despiertan suspicacias: ¿se está preparando el terreno para un desarrollo privado ya pactado? ¿O se busca atraer inversores con un guiño que no figura en los papeles?
Mientras el Municipio promete destinar lo recaudado a obras y servicios esenciales —y de paso dejar de pagar los $20 millones mensuales de luz que devora el edificio—, la comunidad se pregunta qué quedará realmente para Necochea. Con un procedimiento acelerado, un discurso que desprecia la consulta popular y una venta que podría quedar definida antes de que termine enero, el interrogante se vuelve inevitable: ¿estamos ante una oportunidad de reconstrucción o frente a una operación relámpago que esconde un proyecto político y económico que aún no se dice en voz alta?