En una sesión electrizante en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, el oficialismo logró lo que parecía impensado meses atrás: 149 votos a favor contra 100 en contra para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. El recinto fue un campo de batalla político donde la tensión se cortaba con cuchillo. Con esta media sanción, el proyecto pasa ahora al Senado de la Nación Argentina, donde se definirá si la polémica reforma se convierte en ley. El Gobierno celebró el resultado como una muestra de músculo parlamentario y avance contra la inseguridad juvenil.
El bloque libertario sumó a sus aliados habituales —Pro, UCR y otros espacios provinciales— y consiguió una mayoría contundente. Pero del otro lado estallaron las críticas: Unión por la Patria votó mayoritariamente en contra, al igual que bloques provinciales ligados al peronismo como Elijo Catamarca, los espacios de izquierda y progresistas, y la diputada Natalia de la Sota, que se plantó firme contra la baja. Desde esos sectores denunciaron una avanzada “punitivista” y advirtieron que, si el Senado la aprueba, podrían judicializar la norma.
La iniciativa no solo fija los 14 años como nuevo piso de punibilidad, sino que establece penas de hasta 15 años para delitos graves, con prisión efectiva reservada a casos de extrema gravedad. También promete módulos separados de adultos, acceso a educación y programas de resocialización, además de una partida inicial de $23.000 millones. Sin embargo, sus detractores aseguran que el monto es insuficiente y que la medida apunta más a endurecer el discurso que a resolver el problema de fondo. Ahora la pelota está en el Senado… y el país, dividido, espera el próximo round.