La Justicia argentina le puso número al saqueo: $85.000 millones. Esa es la cifra que Cristina Kirchner y su séquito deberán reintegrar al Estado por lo que los jueces definieron como una “fenomenal maniobra defraudatoria”. La Corte Suprema dejó firme la condena por corrupción, y con ello, también la orden de devolución. Se terminó el relato: ahora viene la cuenta. El golpe judicial incluye a exfuncionarios de Vialidad y al infaltable Lázaro Báez, el empresario amigo que se volvió millonario a costa de rutas que nunca se terminaron.
La estafa fue planificada con precisión quirúrgica: 51 licitaciones amañadas, adjudicadas a dedo, pagos por obras fantasmas, sobreprecios escandalosos y controles inexistentes. Según el fallo, todo esto fue parte de una red organizada para drenar fondos públicos hacia bolsillos privados. ¿La cereza del postre? Parte del dinero terminó, según la Justicia, en empresas familiares de la ex presidenta. Ahora, con la condena firme, el Tribunal Oral Federal N°2 iniciará el decomiso y ejecución de bienes para recuperar la fortuna robada.
Como si esto fuera poco, una demanda civil por otros $22.300 millones sigue su curso. La mitad de las obras licitadas ni siquiera se completaron. Mientras tanto, los militantes siguen apostados en Recoleta, defendiendo lo indefendible. Pero los jueces fueron claros: hubo una estructura estatal al servicio del delito, y la beneficiaria principal fue Cristina Elisabet Fernández de Kirchner. El kirchnerismo está en su peor pesadilla: una líder condenada, millonaria, y ahora… endeudada hasta el cuello con el pueblo argentino.