La noche del 26 de enero marcó el cierre de una intensa jornada diplomática entre Colombia y Estados Unidos, que se encontraba al borde de una crisis debido a la negativa inicial del gobierno de Gustavo Petro de aceptar la deportación de 160 colombianos. La decisión de rechazar los vuelos militares estadounidenses desencadenó una serie de represalias por parte del gobierno de Donald Trump, incluyendo sanciones económicas y restricciones migratorias que generaron incertidumbre tanto en los sectores comerciales como en el ámbito político colombiano.
A última hora, ambos gobiernos lograron alcanzar un acuerdo que evitó la profundización del conflicto. Según lo informado por la Casa Blanca, Colombia recibió a los deportados bajo condiciones dignas, mientras que Estados Unidos suspendió las sanciones económicas y migratorias que había impuesto durante el día. El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano confirmó que se garantizarán los derechos de los connacionales retornados, destacando que incluso se dispuso el uso del avión presidencial para facilitar su traslado.
El presidente Petro defendió su postura inicial como un acto de soberanía, pero las presiones internacionales llevaron a su gobierno a negociar una salida que preservara las relaciones bilaterales. A pesar del acuerdo, algunas medidas, como inspecciones migratorias más estrictas, permanecerán vigentes hasta que se complete el proceso. Este episodio refleja las tensiones latentes entre los dos países y la necesidad de establecer mecanismos diplomáticos que prevengan nuevas crisis en el futuro.