En su primer año de gestión, el gobierno liderado por Javier Milei llevó a cabo una reestructuración significativa del Estado, cerrando alrededor de 200 áreas que fueron calificadas como “innecesarias” por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Este ajuste incluyó ministerios, secretarías, subsecretarías y direcciones nacionales. Según fuentes oficiales, muchas de estas áreas cumplían funciones duplicadas, obsoletas o que podían ser asumidas por el sector privado. La reducción se centró especialmente en políticas relacionadas con género y diversidades, lo que generó un amplio debate en la sociedad.
El Secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, destacó que estas medidas responden a un análisis detallado de cada ministerio. “Hemos eliminado más de 200 estructuras redundantes, generando un ahorro significativo para el Estado”, afirmó. Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger celebró el impacto de las reformas, subrayando la necesidad de un Estado más eficiente y agradeciendo al presidente Milei por su liderazgo. A través de redes sociales, ambos funcionarios publicaron un listado de las áreas eliminadas, que incluyó desde direcciones de comunicación estratégica hasta organismos de promoción de derechos humanos y equidad de género.
Además de la reducción de áreas, el ajuste incluyó la desvinculación de 34.000 empleados públicos, lo que representó un recorte del 7% en la plantilla estatal y un ahorro de USD 3.820 millones. Según el Indec, la planta de personal del Estado Nacional disminuyó de 343.353 a 305.688 personas en menos de un año. Esta política de ajuste busca optimizar los recursos y descentralizar funciones hacia las provincias y municipios, en línea con la visión federalista del actual gobierno. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, especialmente por el impacto en sectores vulnerables y en políticas de inclusión social.