Mientras la Municipalidad de Necochea intenta venderle a la opinión pública que “no comparte” el fallo judicial por el amparo del Casino, puertas adentro hace exactamente lo contrario: convocó de urgencia y casi en secreto a la Comisión de Patrimonio para cumplir con la orden del juez. ¿En qué quedamos? Afuera, discursos de rebeldía contra la Justicia. Adentro, reuniones a las apuradas para acatar lo que se había ignorado. Todo esto, a horas de movimientos políticos clave en la ciudad y con una subasta ya manchada por sospechas, un solo oferente y una lluvia de críticas.
Pero el dato más explosivo no es solo la improvisación: es la estrategia. En lugar de asumir errores administrativos y posibles irregularidades, desde el Ejecutivo eligieron disparar contra la activista Susana Laborde, impulsora del amparo que frenó la operación. Desde sectores municipales comenzaron a instalar la idea de que se trata de una movida política para obstaculizar la gestión, en un intento evidente de desviar la atención y sembrar dudas sobre quien acudió a la Justicia. ¿La táctica? Desinformar, desacreditar y presentar el conflicto como una “operación” en vez de responder por los pasos legales omitidos.
El mensaje oficial habla de transparencia y legalidad, pero los hechos cuentan otra historia: convocatoria reservada, requisitos que no se cumplieron a tiempo y una carrera contrarreloj para acomodar papeles después de que el juez pusiera un freno. Si todo era tan claro y correcto, ¿por qué el apuro? ¿Por qué el silencio? Y sobre todo, ¿por qué atacar a quien pidió explicaciones en lugar de brindar información pública y completa? El escándalo del Casino ya no es solo una discusión administrativa: es una batalla por la verdad en medio de versiones cruzadas, sospechas y una comunidad que exige saber qué se quiso hacer —y por qué— casi sin que nadie se enterara.