La bomba explotó en el corazón de Necochea y el nombre que vuelve a quedar en el centro del escándalo es uno solo: Arturo Rojas. Una medida cautelar presentada para frenar la subasta del Casino dejó al intendente fuera de control, disparando munición gruesa contra la Justicia y los vecinos que piden algo tan básico como legalidad. “Espero que el juez no dé lugar a este disparate”, lanzó, visiblemente alterado, como si el caos no fuera consecuencia directa de años de abandono, improvisación y decisiones mal explicadas desde su propio despacho.
Lejos de asumir responsabilidades, Rojas eligió el camino de siempre: culpar a otros. Apuntó contra ambientalistas, habló de “intencionalidad política” y se mostró indignado porque alguien ose preguntar si se cumplieron los requisitos legales antes de rifar uno de los íconos históricos de la ciudad. Mientras tanto, el Casino sigue siendo una ruina, símbolo perfecto de una gestión que promete inversiones mágicas pero no logra despejar ni las dudas más elementales. El mensaje es claro: si alguien frena la subasta, no es por errores del Ejecutivo, sino porque “va contra el progreso”… aunque ese progreso nunca llegue.
Ahora el Municipio tiene apenas 48 horas para responder ante la Justicia y demostrar que todo se hizo como corresponde. El problema es que, según quienes presentaron la cautelar, faltan avales clave, participación ciudadana y hasta definiciones sobre qué se hará con el dinero de la venta. En vez de dar explicaciones, Rojas presiona, descalifica y cruza los dedos para que el juez mire para otro lado. Pero la pregunta que retumba en la ciudad es otra: ¿si todo estaba tan bien hecho, por qué el intendente parece tan desesperado?