La guerra entre la Casa Rosada y Tierra del Fuego estalló por un smartphone. Sí, como lo leés. La decisión del Gobierno de bajar los aranceles a los celulares importados desató un terremoto en la isla: fábricas paralizadas, gremios en pie de guerra y empresarios avisando que así no se fabrica ni una carcasa. El supuesto alivio al bolsillo del consumidor vino con un efecto secundario que nadie en Balcarce 50 pareció medir: prender fuego la industria electrónica fueguina.
Los trabajadores no tardaron en reaccionar. Con 8.500 empleos pendiendo de un cable USB, los gremios le bajaron la térmica a las plantas y exigen que se frene el desguace. “Esto no es bajar precios, es liquidar puestos de laburo”, dispararon desde el sur, mientras Mirgor y Newsan —los gigantes de Caputo y Cherñajovsky— miran de reojo cómo se les escapa el negocio entre los dedos. Mientras tanto, en Buenos Aires, juran que es para fomentar la competencia. Claro, competencia… pero en China.
El régimen industrial fueguino, ese que hace décadas funciona como salvavidas poblacional y fiscal, ahora está en el ojo de la tormenta. Cuesta más de mil millones de dólares al año al Estado, y muchos acusan que genera más ensambladores que innovación. Pero, ojo, para quienes viven de él, es la diferencia entre tener laburo o mirar las fábricas apagadas desde la vereda. El sur hierve… y no precisamente por el clima.